La penalización del aborto, una de las tantas formas de violencia contra las mujeres, es en El Salvador la principal causa de las muertes maternas prevenibles
En El Salvador las mujeres se enfrentan a un fuerte tejido de creencias y realidades de agresión que las atrapa e impide que gocen plenamente de sus derechos, especialmente del derecho a una vida libre de violencia. Es frecuente escuchar en espacios institucionales e incluso académicos, decir que no se comprende que una mujer que ha denunciado un hecho de violencia, especialmente si es de su pareja, desista días después de la denuncia e incluso que regrese a vivir con su agresor. Pese a los avances en materia de legislación, continúan predominando ideas con profundo arraigo en la idiosincrasia salvadoreña que perpetúa la violencia por razones de género.
La naturalización de la violencia contra las mujeres en sus diferentes expresiones, tipos y formas, es un mecanismo de hegemonía ideológica patriarcal que convierte en hechos triviales graves situaciones que violan los Derechos Humanos y afectan la dignidad de las mujeres y también de sus familias. En este contexto, la violación sexual contra una mujer no se considera un hecho “tan grave”. Tampoco se tiene en cuenta en profundidad el daño psicológico causado, y en caso que por la violación la mujer resulte embarazada, la única alternativa que la sociedad salvadoreña le ofrece es continuar con el embarazo y en todo caso, si no acepta el embarazo, que pueda entregar a la criatura ya nacida en adopción.
Una dificultad aún mayor para abordar la violencia contra las mujeres es la transferencia de la responsabilidad entre quienes agreden a sus víctimas, este traspaso “de culpa” es un poderoso recurso patriarcal que provoca profundas consecuencias en las mujeres, que sienten vergüenza por haber sido agredidas, lo que muchas veces les inhibe a denunciar y a exigir justicia ante las instituciones por las agresiones sufridas. Las preguntas de operadores de justicia sobre cómo iba vestida, la hora a la que iba por la calle o el lugar donde se encontraba cuando ocurrió la agresión, incluso la lectura inicial del delito de “acusación falsa” cuando una mujer denuncia un hecho de violencia sexual son bastante frecuentes cuando las mujeres se atreven a denunciar.
Para las mujeres resultan aún mucho más difíciles y dolorosos de enfrentar los hechos de violencia sexual cuando el victimario es una persona cercana, de la propia familia o alguien que la debería proteger o con quien tiene un vínculo de dependencia afectiva, económica y social. Durante el año 2015, un reciente informe sobre hechos violentos contra las mujeres [1] registró que el 25% de todos ellos fueron de violencia sexual, lo que equivale a 5,019 denuncias ese año. El informe señala que en el 74% de casos la agresión sexual ocurrió en el hogar de las víctimas, mientras 7 de cada 10 mujeres que enfrentaron este tipo de violencia eran menores de 20 años.
A esto hay que sumar que “el Ministerio de Salud reportó para el año 2015 un total de 13,146 niñas salvadoreñas de 10 a 17 años se inscribieron en control prenatal, de las cuales el 11% (1 de cada 9) tenía 14 años o menos” [2]. Este mismo documento señala que ese año, del total de embarazos en el país, 25,132 tenían entre 10 y 19 años, es decir que el 30% del total de embarazos se registraron en niñas y adolescentes. Es importante tener presente que muchos de estos embarazos son el resultado de violaciones sexuales en el seno de las familias. Según la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia de género (LEIVLVM), toda relación sexual con una menor de 15 años será sancionada con 14 a 20 años de cárcel y que una relación sexual con persona mayor de 15 y menor de 18 años de edad, será sancionada con 4 a 10 años de prisión [3]. Los embarazos en niñas y adolescentes también están asociados a otra realidad de reciente debate, las uniones tempranas y los matrimonios infantiles [4], que son el reflejo del permiso social y la tolerancia a la violencia sexual.
En este contexto problemático, una buena noticia es la creación del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres, que es coordinado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Dirección de Estadísticas y Censos (DIGESTIC). Ambas entidades han convocado a diversas instancias institucionales [5] relacionadas con la violencia contra las mujeres, para desarrollar una herramienta de gestión de la información sobre los hechos, las mujeres que enfrentan violencia y las personas agresoras, así como, sobre los efectos causados por dicha violencia. Además, tal herramienta tiene la finalidad de medir el impacto de las políticas para erradicarla y verificar los recursos erogados para la atención de las víctimas.
Este Sistema, que da cumplimiento al artículo 30 de la LEIVLVM, ha creado instrumentos estandarizados para el registro y recopilación de datos, plataforma virtual para la alimentación y consolidación de datos, Mesas Técnicas para la verificación y validación datos, Mesas Especializadas para el Análisis y Revisión de hipótesis sobre datos del sistema. Se propone presentar y divulgar un informe anual con la sistematización de la información.
Comparativamente, y debido a las dinámicas de violencia social y delincuencial en el país, los hombres continúan siendo las principales víctimas de muertes violentas, con una tasa de 199 por 100 mil hombres. No obstante el referido informe nos muestra que la tasa de feminicidios continúa en niveles alarmantes, mostrando cifras para el 2015 de 574 feminicidios lo que equivale a una tasa de más de 16 por cada 100 mil mujeres. El riesgo mayor es para las jóvenes ya que el 41.11% de las mujeres asesinadas en el país durante el año 2015, tenían entre los 15 y 29 años de edad. Pese a estos avances en materia de información, también se da cuenta que únicamente en 64 casos se registraron detenciones por feminicidio [6].
Suicidio feminicida y aborto
Otra novedad es que el Informe de Hechos violentos contra las mujeres 2015 reconoce el suicidio feminicida y las muertes maternas debido a que las considera muertes prevenibles. De acuerdo a los datos, durante ese año, el Sistema registro 108 suicidios, de los cuales 74 fueron por intoxicación auto infringida. Igualmente en este tipo de violencia, las niñas, adolescentes y jóvenes resultan ser las principales víctimas, pues “el grupo etario entre los 11 y 19 años concentra el 42.59% del total de suicidios. Los datos revelan que aproximadamente 6 de cada 10 mujeres que se quitaron la vida tenían menos de 24 años” .
El Ministerio de Salud, que ha reconocido que la penalización absoluta el aborto es un problema grave de salud pública , ha incluido los suicidios por intoxicación de mujeres embarazadas como parte de las muertes maternas indirectas, que para 2015 fueron 8 casos, 13.33% de un total de 60 muertes maternas. El informe también señala que el 65% de estas mujeres eran niñas, adolescentes y jóvenes.
Los datos anteriores revelan que el reconocimiento de un problema es un paso importante pero no suficiente para superarlo. En El Salvador las mujeres, especialmente las niñas, adolescentes y jóvenes que viven en situación de pobreza, se encuentran atrapadas entre la violencia sexual, los embarazos como resultado de esas violaciones y la penalización del aborto en todas sus circunstancias. Algunas toman el camino del suicidio feminicida.
La sociedad y el Estado salvadoreño tienen una enorme responsabilidad ante esta realidad de violencia contra las mujeres por el alto grado de tolerancia e impunidad. Además, el Estado es responsable directo de los suicidios feminicidas en los casos de muertes maternas, ya que si bien reformó el Código Penal recientemente , reconociendo la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de tortura y delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz, se continúa sometiendo a las mujeres a la tortura de obligarlas a concluir un embarazo como resultado de una violación aun cuando ellas no quieren.
El sistema judicial continua condenando a mujeres injustamente por complicaciones obstétricas a penas de 30 años de cárcel, todas jóvenes y habiendo sido inicialmente acusadas de aborto. Pese a que las Ministras de Salud de los Gobiernos progresistas se han expresado a favor de cambio de ley que penaliza el aborto de forma absoluta, tenemos 8 años sin que otras instancias gubernamentales se pronuncian claramente para que esta ley cambie, mientras en la Asamblea Legislativa los Partidos Políticos continúan condicionando su voto para la reforma del Código Penal en materia de aborto, a cálculos electorales.
Organizaciones y movimientos de mujeres
La prevención, atención y sanción de violencia contra las mujeres continúa siendo la principal demanda de las organizaciones y movimientos de mujeres hacia las instituciones estatales en El Salvador. Las diversas movilizaciones en los últimos años se expresan de forma creativa al menos en tres direcciones:
- Exigencia de la aplicación y desarrollo de recursos legales e institucionales para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. La última conquista en este campo ha sido la creación de los Tribunales Especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, aprobado por decreto legislativo en febrero del 2016.
- La lucha por el reconocimiento a las diversas formas de violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos, la denuncia de los crímenes de odio y el fortalecimiento de la capacidad de agencia de las mujeres para superar situaciones de violencia por razones de género como el acoso callejero. Desde aquí las organizaciones y movimientos de mujeres, con una importante presencia de jóvenes articulados a expresiones LGBTI, participan en iniciativas como NI UNA MENOS, NOSOTRAS PARAMOS PORQUE ESTAMOS HARTAS DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA SEXUAL.
- La lucha por la despenalización del aborto para incorporar excepciones a la penalización absoluta que impera desde hace 20 años. Diversas plataformas que aglutinan a organizaciones de mujeres, juveniles, trabajadores de salud, académicos, reivindican el derecho a la salud, a la vida y a la posibilidad de que mujeres, adolescentes y niñas puedan decidir si continuar o no un embarazo impuesto por una violación, así como, la libertad de las mujeres que han sido criminalizadas por aborto y/o por complicaciones obstétricas asociadas al aborto.
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[1] Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Informe sobre Hechos de Violencia contra las Mujeres. El Salvador, 2015
[2] Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) El Salvador, Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015, primera edición,El Salvador, Julio de 2016
[3] Artículos 159 y 163 de la Ley especial para una vida libre de violencia para las mujeres
[4] Mientras se elabora este artículo está pendiente el debate legislativo que por iniciativa de la Diputada Lorena Peña propone modificar el Código de Familia que permite el matrimonio entre menores de 14 años si están embarazadas
[5] Las instancias que han participado en el primer Informe sobre hechos de violencia contra las mujeres 2015 son: Fiscalía General de la República (FGR); Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer (IML); Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU); Ministerio de Hacienda; Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS); Ministerio de Salud (MINSAL); Policía Nacional Civil (PNC) y el acompañamiento de la Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA)
[6] El informe da cuenta que 30 detenciones fueron por feminicidio y 34 por feminicidio agravado. Pág. 55
[7] Idem, pág. 70
[8] El 21 de febrero de 2017 la Ministra de Salud (MINSAL) junto a representantes del Consejo Superior de Salud (CSSP), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador (CNBES), dio a conocer su posicionamiento público en el marco del debate legislativo sobre la reforma al Código Penal para la despenalización del aborto por 4 causales
[9] Decreto Legislativo Número 217, del 10 de diciembre de 2015, publicado en el Diario Oficial Número 237, tomo 409 de fecha 23 de diciembre de 2015