La impunidad de la violencia de género y la criminalización de la legítima defensa en México

Es tal la falta de compromiso de las autoridades que incluso algunos estados mexicanos ocultan los datos sobre feminicidio para así no ser vistos como “entidades peligrosas” para la mujer

Desde la década de los noventa,  México es calificado como un país de alto riesgo para las mujeres. Esta notoriedad fue ganada tras la denuncia del feminicidio ocurrido en Ciudad Juárez. Lo que entonces parecía un hecho aislado, resulto ser la punta del iceberg del horror de la violencia cotidiana que viven las mujeres en México.

De qué tamaño es esta lacra social, cuántas vidas de niñas y mujeres devora, qué se está haciendo para detenerlo, son preguntas que se repiten a lo largo de dos décadas.

Para esbozar respuestas y a la vez un diagnóstico de lo que las autoridades del país sabían, registraban, documentaban o investigaban sobre el feminicidio; en 2004, la antropóloga feminista, entonces Diputada Federal, Marcela Lagarde y de los Ríos hace la primera investigación en 10 entidades federativas, un tercio del territorio nacional.

Así se obtuvieron las primeras cifras sobre los feminicidios, sólo en 2004, mil doscientas cinco  niñas y mujeres habían sido asesinadas en el país. Es decir, cuatro mujeres y/o niñas fallecían al día causa de violencia de género.

Lo que la investigación también dejó al descubierto fue el desdén de las autoridades para investigar los crímenes contra las mujeres; la disparidad de información entre las autoridades sobre estos crímenes y la injusticia o impunidad para las víctimas del feminicidio.

La excusa institucional sobre la ausencia de información e injusticia para las mujeres asesinadas por razones de género, fue la falta de un marco legal que les diera ruta y es así como surge la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007 (LGAMVLV), que también mandata al Gobierno Federal a desarrollar un Banco Nacional de datos e Información sobre Casos de violencia contra las Mujeres (BANAVIM), incluyendo los tipos y modalidades de violencia contra la mujer.

Ni la Ley ni la creación del BANAVIM, resolvieron la negligencia institucional. El Banco es una meta lograda que no cumple con su verdadera labor, dotar de información para hacer políticas públicas. Una razón de este incumplimiento, es que el BANAVIM depende de la información que cada institución involucrada y cada entidad federativa aporte, lo cual lo deja en enorme vulnerabilidad. Un ejemplo es la Ciudad de México, donde no se cuenta con un solo registro. A este hecho se ha de sumar la parcialidad e imprecisión de la información proporcionada así como el hecho de que muchos gobiernos prefieran ocultar los datos sobre la violencia contra las mujeres y el feminicidio para evitar ser “identificados” como entidades peligrosas para las mujeres. La opacidad también responde a los primeros hallazgos identificados en 2004; la displicencia gubernamental reflejada en la ausencia de seguimiento y registros inadecuados de la violencia feminicida.

De acuerdo con el Primer Diagnóstico sobre Violencia Sexual en México, realizado, en 2016, por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de cada 100 agresiones sexuales que se perpetran, seis llegan a ser denunciadas por la víctima y menos de la mitad de ellas logra consignación. La baja denuncia, explica el diagnóstico, se da ante la falta de credibilidad en las autoridades.

La impunidad es uno de los mayores problemas en México. Investigaciones estiman que el 98 por ciento de los delitos en el país queda impune. En medio de este problema estructural, se inserta la impunidad contra los delitos por violencia de género, lo que a su vez perpetúa la violencia feminicida.

Mala combinación sin duda, impunidad y ausencia de un verdadero compromiso de las autoridades mexicanas para cumplir con su mandato constitucional de proteger los derechos humanos de las mujeres.

Desde la promulgación de la LGAMVLV, la actuación de las autoridades de todos los niveles de gobierno se ha basado en obstaculizar, fragmentar y debilitar dicho mandato. Así los resultados siguen a la vista: la vida de las niñas y las mujeres sigue siendo devorada por la violencia misógina. Pero no sólo estamos hablando  del quiebre del Estado de Derecho, sino también de la desilusión de las nuevas generaciones de feministas, quienes ven en las leyes y la interacción con el Estado una “política fallida”.

#VivasNosQueremos fue la consigna que movilizó el 24 de abril del 2016 a mujeres en 27 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Convocada desde las redes sociales, el nuevo instrumento de las jóvenes feministas, mostró el hartazgo de la inacción gubernamental ante la violencia machista. En la movilización, se encontraron todas las generaciones del feminismo mexicano, con un liderazgo completamente joven. Mientras que las jóvenes se organizaron, decidieron las consignas y las formas, las feministas mayores acompañaron el proceso, en reuniones presenciales y en la marcha. Pero como muchas de estas efervescencias, tras la marcha no hubo seguimiento para el cumplimiento de las demandas ni para interpelar al Estado.

La impunidad y la criminalización de la legítima defensa de las mujeres se han vuelto los ejes centrales de las movilizaciones feministas, como el Comité por la liberación de Yakiri [1] o las manifestaciones universitarias contra el feminicidio de Lesby [2].

Alimentar la resistencia es una urgente necesidad,  así como lo es el establecer diálogos políticos que sumen estrategias para la transformación, la erradicación de la desigualdad de las mujeres, de la erradicación de la violencia contra nosotras.

Urge que los compromisos internacionales, como por ejemplo el Capitulo de género del Plan de Acción UE-CELAC, no sean solo actos de buena fe, sino que impliquen también rendición de cuentas y seguimiento a nivel externo e interno. Se han de desarrollar contrapesos desde una sociedad civil fortalecida para ello, donde los medios de comunicación son una pieza clave para la transformación hacia la igualdad de las mujeres.

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[1] https://elpais.com/sociedad/2013/12/16/actualidad/1387227046_222077.html

[2] https://elpais.com/internacional/2017/05/05/mexico/1493949825_841060.ht…